Primera quincena julio 2019.
UNIÓN EUROPEA, MERCOSUR. ¿DE QUE TRATA EL TRATADO?
Gobiernos de la región lanzan campanas a vuelo. La difusión de una “asociación estratégica” signada entre la Unión europea y el Mercosur, abre espacios a la fantasía neoliberal.
De aprobarse los acuerdos por parte de los poderes legislativos de los 28 países de la Unión europea y los 4 del Mercosur, comenzarían a instrumentarse medidas tendientes a eliminar tributos y cupos al comercio recíproco de bienes y servicios. Los períodos acordados varían según los productos, desde el momento de la aprobación hasta lapsos que eventualmente se extenderían a 10 o 15 años.
Pese a las limitaciones en la información, el tema induce algunos comentarios.
– El comercio entre ambas zonas responde a los parámetros más primitivos de la relación imperialismo – dependencia, que se acentuarán con tratados que tienden a la apertura sin restricciones. El Mercosur exporta alimentos y materias primas y compra productos químicos, farmacéuticos, automóviles y diversos productos industrializados. Desde Uruguay se vende soja, celulosa, productos cárnicos e ingresa glifosato entre otros agrotóxicos.
– El contenido de los acuerdos está impregnados por la ideología de otorgar la máxima impunidad a grandes capitales.
– El acuerdo a instrumentarse involucra por un lado un proceso de unión aduanera y monetaria con estrategias y políticas relativamente comunes como es la Unión europea y por el otro una suma de países como el Mercosur, en el que “cada cual atiende su juego”. Un tratado de estas características fomentará mayores desigualdades.
– La mayor apertura a todo tipo de inversiones europeas y a las importaciones limitará o impedirá el uso de herramientas potenciales de protección a producciones locales por parte de los Estados del Mercosur. Incluso abrirá aun más los entes públicos a la posibilidad de procesos privatizadores.
– La inclusión genérica de servicios como mercancías suele “contrabandear” el concepto de que la educación, salud, comunicaciones, energía, agua potable entre otros rubros que constituyen derechos humanos naturales deben ser regidos por la rentabilidad.
– Existe el riesgo que se incorporen puntos vinculados al uso de marcas, propiedad intelectual, resolución de conflictos que implican cesión de soberanía de los países del sur en beneficio de grandes grupos económicos del norte. Los acuerdos de “última generación” tienden a incorporar perlas de ese tipo y normas de resolución de conflictos en las que arbitran organismo dependientes del Banco Mundial.
– La supuesta exportación sin aranceles hacia Europa redundará esencialmente en mayor ganancia para el gran comercio en el viejo continente o eventualmente para grandes grupos económicos en el sur como el caso de la cadena de celulosa propiedad de capitales europeos en zona franca.
– Los tratados difícilmente eliminen totalmente barreras en el norte. Los países importadores de alimentos suelen utilizar argumentos sanitarios y ambientales para proteger sus rubros locales cuando lo consideran necesario. La miel de la zona tiene trabas para ingresar a esos mercados por residuos de glifosato que se importa desde Europa para monocultivos de soja.
En particular en el caso uruguayo se limitarán herramientas potenciales de protección al trabajo local, para agregar valor a las exportaciones. Quesos, vinos, miel entre otros productos europeos ingresarían a Uruguay y la región en mejores condiciones, de la mano de grandes importadores, desplazando productos locales. La eliminación de aranceles disminuirá la recaudación del Estado, sin que necesariamente reduzca precios al consumo debido a la fuerte concentración comercial.
El momento de la publicidad de los acuerdos, secretos, apuros, abren margen para especulaciones políticas respecto a la posibilidad que se trate solamente de declaraciones tendientes a sembrar esperanzas en esquemas perimidos sobre las supuestas virtudes de la “globalización” neoliberal dejados a contra mano por el proteccionismo explicito de Estados Unidos en la era Trump.
Sin embargo hay que mantenerse alertas frente a estos posibles nuevos pasos de mayor impunidad para el gran capital. Los gobiernos actuales de la zona no aparecen como los mejores negociadores para defender los intereses de los pueblos del sur.
El hecho que las aprobaciones deban darse en ámbitos parlamentarios abrirá espacios a la mayor discusión en una lucha que deberá darse en diversos terrenos.
Nada debemos esperar sino de nosotros mismo.
GOTITAS DE ECONOMIA
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El calendario de pagos de deuda pública que publica el BCU, sumando los datos trimestrales establece que en el correr de 2019, el servicio de deuda alcanzaría a 9833 millones de dólares, de los que 1987 millones corresponden a intereses. Por allí se explica gran parte del déficit fiscal.
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Las solicitudes de exportación que registra Uruguay XXI en el lapso enero junio del presente año descendieron un 2% respecto al año precedente. En el último mes registrado el descenso rondó el 10%.
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Los salarios mínimos mediante el ajuste semestral pasaron de $ 15000 a 15650 desde el 1 de julio. Alcanza para poquito. El IPC en los primeros 6 meses del año incrementó por encima del 5% según datos del INE. ¿Recuperación de salarios reales?i Los números no dan. Las pasividades mínimas pasaron de $12150 a $ 12462.
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Continúan los envíos de trabajadores de las curtiembres a seguro de paro. La ausencia de leyes de protección para generar valor agregado en el país determinan la transferencia de actividades al exterior.
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Faconeros de la industria avícola acusan a la empresa Tennent de no haber pagado sus deudas y reaunudar actividades. Casciola vinculada al transporte fluvial de pasajeros entre Argentina y Uruguay cesó sus actividades dejando 80 trabajadores en la calle.
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Los apagones generales en Argentina no fueron resultado de agresiones desde centros de poder. ¿a quién sirven las privatizaciones?.
i Todavía están por debajo de los años sesenta hasta para los datos oficiales.