Diciembre 2020.
SEGURIDAD SOCIAL. DIAGNOSTICO A PEDIDO.
La ley de urgente consideración creo una comisión de “expertos” para realizar un diagnóstico sobre la seguridad social en Uruguay. El manto supuestamente técnico no puede ocultar que se tratará de elaborar un documento tendiente a fundamentar recortes de gastos sociales.
Los esfuerzos notorios para quitar el tema del ámbito de los derechos humanos esenciales donde incluso lo ubican las declaraciones universales al respecto y pretender circunscribirlo y reducirlo poco más que al área financiera representan por sí mismos una definición esencialmente ideológica y política.
Ingresos dignos para la vejez de los trabajadores, seguros de enfermedad, accidentes, inválidez, maternidad, seguro de paro, son derechos básicos de la población que no amparan los “mercados” y la discusión sobre a quienes debe corresponder su financiamiento implica opciones sociales.
Las propuestas actuales se inscriben en un contexto pautado por la presencia de organismos de crédito que presionan a los gobiernos de la región para que reduzcan gastos públicos para garantizar el pago de intereses de deuda.
Las recomendaciones de las calificadoras de riesgoi reiteradas hasta en momentos previos a la asunción del gobierno multicolor no dejan espacio a dudas. “El punto central es si la nueva administración podrá implementar la reforma de pensiones y otras iniciativas y por lo tanto contener los gastos estructurales”ii “la próxima adminstración deberá proceder a concretar una reforma de la seguridad social”iii
Más allá del uso de argumentos para la tribuna que recurren a dudosas proyecciones demográficasiv que ni siquiera consideran flujos migratorios, el diagnóstico “técnico” se utilizará como insumo para justificar reformas previstas de antemano, como lo certifican las declaraciones del presidente de la comisión Dr. Saldain.
Sus recomendaciones tienen por eje el incremento de la edad mínima jubilatoria, en concordancia absoluta con los acreedores y son previas al funcionamiento de la comisión y sin estudios serios sobre características demográficas por clase social, condiciones laborales por sectores, formalidad de las relaciones de trabajo, salarios, insidencia de las reformas en el funcionamiento global de la economía.
No menciona temas referidos a la distribución de los frutos de los avances técnicos y la mayor productividad del trabajo que logicamente deberían implicar reducciones de vida laboral y no extensiones, aún considerando tendencias promedio a la mayor esperanza de vida.
Tampoco aparecen evaluaciones sobre los efectos del sistema de AFAP vigente y menos aún las articulaciones de la seguridad social respecto a la actividad económica y la demanda laboral futura.
Su set de declaraciones incluye reflexiones sobre la importancia del ahorro individual en los sistemas previsionales. Tomando como ejemplo países cuyos salarios promedios más que triplican los orientales.
Más allá que los ingresos de la mayor parte de los asalariados en Uruguay son insuficiente incluso para “parar la olla” y pagar deudas, parece derivarse de sus conceptos que el “costo” de la seguridad social debe recaer esencialmente sobre los asalariados, olvidando el origen de los sistemas y la historia de aportes patronales y estatales.
Quizás soy demasiado desconfiado, pero me temo que la comisión es simplemente una excusa para justificar decisiones políticas prácticamente pre determinadas.
Viene a mi mente la letra de una vieja retirada de murgav que decía algo así como “A dios momo poderoso perdona si no me callo, pero antes del carnaval la gente ya sabe el fallo”.
GOTITAS DE ECONOMÍA
- Según informa la Cámara de Industrias, entre julio y setiembre del 2020, el indice de volumen físico del sector en Uruguay – sin refinería de ANCAP- descendió 4.5% respecto al mismo lapso del año previo. La inversión entre enero y setiembre cayó 8.2%.
- Datos de la Cámara de comercio y servicios registran que el sector se contrajo 0.8% durante el tercer trimestre del año respecto al 2019. Sexto descenso consecutivo.
- Los gastos del gobierno uruguayo a favor de la inversión de UPM se tornan cada vez más gravosos. Mayores costos de los previstos en la construcción de vías férreas, viaductos, carreteras, obras de UTE, dragado e instalaciones portuarias requeridas por la empresa . El pueblo paga. Mediante menores servicios sociales, descenso de salarios públicos, mayores tarifas y “ainda mais”.
- Quedó al desnudo la demagogia de algunos seudo opositores, al acuerdo, que cuando llegaron al gobierno la dejaron pasar. La pandemia les dio en la mano la posibilidad de renegociar y no hicieron nada. Y votan recursos para obras al servicio de UPM.
- Durante el tercer trimestre de 2020, el registro oficial de desocupados en Brasil se eleva a 14.7%.
- En el tercer trimestre el PBI de China incrementó 4.9% en relación a 2019. Apenas menor que el interanual de 2019 respectoa 2018 que fue de 5.3%.
iQue naturalmente responden a los intereses de los acreedores.
iiAgencia calificadora japonesa R&I
iiiAgencia canadiense DBRS.
ivLos índices de natalidad y mortalidad son variables. Además los promedios en estos casos pueden ser engañosos.
vAraca la cana. Allá por los noventa.