El programa económico de las conducciones económicas del Uruguay de las últimas décadas tiene como uno de sus ejes centrales la búsqueda de grandes inversores del exterior.
Las políticas salariales, fiscales, financieras, ambientales, se han subordinado a ese objetivo que permite a los gobiernos hacer demagogia con la generación provisoria de empleo, aunque el saldo global ha sido frecuentemente negativo.
El balance suele incluir extranjerización del territorio, deterioro de fuentes de agua dulce y la mayor oferta inicial de fuentes de trabajo es superada en el mediano plazo por la disminución derivada del uso alternativo de medios de producción.i
Además el cúmulo de beneficios otorgados a los “inversores” que incluye zonas francas, declaraciones de interés nacional, gasto público a su servicio tiene como corolario el mayor peso tributario sobre los sectores populares.
A los factores económicos se les ha sumado entrega de soberanía, confidencialidad, apoyo institucional, “seguridad jurídica”.
En ese contexto se han producido transformaciones en la propiedad de capitales de empresas instaladas y algunas mega inversiones como las relativas a la instalación de fábricas de celulosa.
También podemos recordar proyectos fracasados como la explotación de minerales en la zona de Valentines, o esotéricas “ventas de humo”, como propuestas inmobiliarias en islas artificiales a crear en el Río de la Plata.
Más allá de los análisis particulares sobre las consecuencias de cada una de las inversiones, la realidad indica que el esquema de funcionamiento se va agotando.
A medida que los rubros más rentables han sido absorbidos por grandes capitales del exterior, las posibilidades efectivas de ingreso de capitales productivos se acotan.
Los indicadores oficiales más recientes sobre flujos de inversión extranjera directa y formación de capital fijo son elocuentes.ii
Más allá de fuegos artificiales, las propuestas de relativa entidad que se promocionan actualmente implican extracción lisa y llana de recursos naturales, sus resultados son inciertos y de largo plazo y sus impactos son nefastos para el medio ambiente y el turismo.
El mal denominado hidrógeno verde tendiente a sacrificar fuentes de agua locales para producir energía para potenciales demandantes europeos, el uso de cantidades importantes de agua local para refrigerar servicios de redes informáticas, o la exploración en busca de petróleo en el océano Atlántico, destruyendo zonas de pesca y deteriorando la calidad de fauna y flora marina son ilustrativos.
Paralelamente se desprecia la potencialidad de la inversión pública como motor de desarrollo productivo en marcos en los que faltan fuentes de trabajo, como lo demuestran datos oficiales que indican que el 26% de los habitantes del país entre 14 y 24 años se encuentran desocupadosiii, hay más de 40000 trabajadores en seguro de paro. Paralelamente continúan cerrando plantas fabriles.
La inversión estatal sería vital para generar empleo, fortalecer entes del Estado, afrontar carencias de vivienda popular, servicios de salud, educación pública, activar el funcionamiento de Colonización y generar más alimentos y productos necesarios para combatir la pobreza de grandes sectores de la población.
En este escenario la negativa del gobierno en la voz del presidente a una muy tibia elevación del aporte al fisco del 1% a las mayores riquezas del país deja en claro su posicionamiento.
El argumento de que los tributos a las grandes riquezas quitan posibilidades de inversión privada son huecos cuando los ahorros locales fugan al exterior, se dedican a la especulación financiera, o directamente a actividades ilícitas, como lo han demostrado grupos como Larrarte, Conexión ganadera, Portfolio, República ganadera.
Sin tocar las cuentas bancarias de los más ricos, el pueblo seguirá pagando la cuenta. Ya sea recibiendo peores servicios públicos o mediante la disminución de su poder de compra.
La “lógica” del FMI, de sus adictos y de la plaza financiera que han diseñado para Uruguay es implacable.
El cambio de rumbo es cada vez más necesario.
GOTITAS DE ECONOMÍA.
- Lactalis cerró su planta láctea en Cardona. Conaprole amenaza cerrar la suya en Rivera. Claldy despide trabajadores. Más fuentes de trabajo se cierran. Y son empresas que han recibido dineros públicos para “reconversión industrial”.
- La inflación en dólares en el marco neoliberal continúa cobrando víctimas.
- El presupuesto seguramente reafirmará las políticas fondomonetaristas. Otra vez con el verso de la frazada corta. El punto es que siempre deja sin abrigo a los sectores populares.
- Supuestamente con el objetivo de mantener el poder de compra de los trabajadores, el gobierno uruguayo propone a los funcionarios de la Administración Central ajustes anuales por metas de inflación del 4.5% anual, determinados por la conducción económica, con correctivos anuales sobre índices que ellos elaboran y eventualmente corrigen con un “margen de tolerancia” del 1%. Y con el compromiso de “evitar medidas que afecten el funcionamiento de los servicios”.
- Sobre el destino del aumento del PBI que prometen no se habla. ¿Serán más regalos para el sector financiero?
- En criollo. Le están tomando el pelo a los trabajadores.” Chicho, vos si que tenés recurso”. Como decían en un sketch televisivo de hace algunos años.
- El FMI “liberó” 2000 millones de dólares más de préstamos para Argentina. Más deuda y más sumisión.
iLos monocultivos de eucalipto y plantas de celulosa son un ejemplo de pérdida de fuentes de trabajo frente a otras alternativas de uso de las tierras.
iiLa formación bruta de capital fijo descendió según datos difundidos por Uruguay XXI sobre datos del BCU descendió desde un entorno de19% del PBI en 2022 a poco más de 15% en el 2024. Los flujos de IED pasaron a terreno negativo en 2024.
iiiNo olvidemos que se registran como tales solamente a los que buscaron trabajo la semana anterior a la encuesta y no se computan los que ya dejaron incluso de procurar empleo.